Cuestiona licitación de RD$2,100 millones promovida por la gestión de Betty Gerónimo; exige transparencia, justificación financiera y advierte sobre compromisos que podrían condicionar a las próximas autoridades municipales.
*SANTO DOMINGO NORTE*.– El aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Norte por la Fuerza del Pueblo, Víctor Pavón, lanzó una firme advertencia sobre las implicaciones económicas, administrativas e institucionales de la licitación pública nacional convocada por el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, por un monto estimado de RD$2,100 millones, para la contratación integral del servicio de recolección y transporte de residuos sólidos urbanos.
Pavón consideró preocupante que una operación económica de semejante magnitud pueda comprometer durante cuatro años una parte considerable de los ingresos municipales, extendiendo sus efectos hasta el año 2030 y condicionando las posibilidades presupuestarias y administrativas de las próximas autoridades, si se confirma el plazo señalado para la contratación.
Explicó que, de acuerdo con ese período de 48 meses, el monto representa un promedio aritmético de RD$43.75 millones mensuales, una cifra que obliga a examinar rigurosamente su justificación económica, las condiciones contractuales, la capacidad financiera del Ayuntamiento y las consecuencias que tendría para el desarrollo del municipio.
«Una administración municipal tiene la responsabilidad de gobernar para su tiempo, pero también de respetar el futuro de su municipio. Nadie tiene derecho a hipotecar las posibilidades de desarrollo de Santo Domingo Norte ni a condicionar irresponsablemente las decisiones de las próximas autoridades», expresó Pavón.
El dirigente político aclaró que su cuestionamiento no está dirigido a la necesidad de garantizar un servicio eficiente de recolección de residuos sólidos, indispensable para la salud, el medioambiente y la calidad de vida de los munícipes, sino a las condiciones, dimensiones, compromisos financieros y consecuencias de una contratación que debe estar plenamente sustentada y sometida al escrutinio público.
En ese sentido, demandó que la alcaldesa Betty Gerónimo y las autoridades municipales expliquen públicamente cuáles estudios técnicos, financieros y económicos justifican los RD$2,100 millones; cuál es la estructura de costos del servicio; cuáles son las obligaciones que asumiría la empresa contratista; qué previsiones presupuestarias respaldan la operación y cuáles son las autorizaciones institucionales correspondientes.
Asimismo, exigió que se hagan públicos el pliego de condiciones, los estudios de factibilidad, las actas del Concejo de Regidores, las autorizaciones presupuestarias y los mecanismos de fiscalización, supervisión y evaluación que garantizarían el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Pavón advirtió que el patrimonio municipal no puede quedar comprometido mediante decisiones que carezcan de suficiente transparencia, justificación y responsabilidad financiera, y recordó que los recursos del Ayuntamiento pertenecen a la población, no a quienes circunstancialmente ocupan posiciones de dirección y administración pública.
Señaló, además, que los compromisos que se extienden más allá del período de una gestión deben ser examinados con especial responsabilidad, porque pueden reducir la capacidad de las próximas autoridades para responder a las necesidades más urgentes de la población y ejecutar sus propios programas de desarrollo municipal.
«No se puede pretender resolver un problema de hoy creando compromisos que limiten las soluciones de mañana. Santo Domingo Norte necesita una administración que planifique, invierta con transparencia y preserve su capacidad financiera para atender las necesidades de sus comunidades», manifestó.
El aspirante a la Alcaldía también recordó que durante los últimos meses se han producido cuestionamientos públicos sobre otros procedimientos de contratación relacionados con la recogida de residuos sólidos, entre ellos una contratación de aproximadamente RD$114.5 millones para el alquiler de camiones recolectores, circunstancias que, a su juicio, hacen indispensable una mayor transparencia y fiscalización de las decisiones municipales.
En ese contexto, sostuvo que la administración de los recursos públicos debe responder a una visión integral de desarrollo, donde el presupuesto municipal permita atender, además de la recogida de basura, problemas fundamentales como el drenaje pluvial, el alumbrado público, la recuperación de espacios públicos, el mantenimiento de calles, la limpieza de los barrios y las necesidades de las comunidades.
Pavón hizo un llamado a los regidores de la Fuerza del Pueblo y a los representantes de las demás organizaciones políticas a ejercer responsablemente sus facultades de fiscalización, dar seguimiento al procedimiento y evitar que se adopten decisiones sin las debidas garantías institucionales y legales.
De igual manera, convocó a las juntas de vecinos, organizaciones comunitarias, sectores profesionales, empresariales y sociales de Santo Domingo Norte a mantenerse vigilantes y exigir que cualquier contratación que comprometa recursos públicos se realice con absoluta transparencia, respeto a las leyes y defensa del interés colectivo.
«No estamos hablando de una simple contratación administrativa. Estamos hablando del futuro financiero de nuestro municipio, de los recursos de su gente y de la capacidad que tendrán las próximas autoridades para gobernar. Ninguna administración es propietaria del Ayuntamiento ni de los recursos de los ciudadanos. Nuestra responsabilidad es defender el patrimonio municipal y garantizar que cada decisión se tome pensando en el bienestar colectivo», enfatizó.
Finalmente, Víctor Pavón reiteró que Santo Domingo Norte necesita una nueva visión de gestión municipal, sustentada en la planificación estratégica, la transparencia, la eficiencia administrativa y la responsabilidad financiera, donde las decisiones de hoy no se conviertan en las cargas económicas de mañana.
«Gobernar no es comprometer el futuro de los demás. Gobernar es administrar responsablemente el presente, proteger el patrimonio público y garantizar mejores oportunidades para las próximas generaciones».