El expresidente de la Comisión de Frontera del Senado, Adriano Sánchez Roa, solicitó al presidente de la República, Luis Abinader, abrir un amplio proceso de diálogo con las fuerzas vivas de las provincias fronterizas, encabezadas por los comerciantes, productores y sectores sociales, antes de implementar el modelo de “puertos secos” contemplado en el Decreto No. 166-26.
“Existe un profundo nerviosismo entre comerciantes, trabajadores y productores fronterizos por el temor de perder más de 6,263 empleos directos y afectar el sustento de unas 321 mil personas que dependen, directa o indirectamente, del comercio fronterizo, equivalente al 60% de la población de esa región”, expresó.
Sánchez Roa advirtió que ha surgido una creciente preocupación en las comunidades fronterizas debido a los posibles impactos económicos, sociales y demográficos que podrían provocar los llamados “puertos secos” sobre la dinámica comercial tradicional de la frontera dominico-haitiana.
El exsenador señaló que uno de los mayores riesgos consiste en que los beneficios económicos que actualmente permanecen en las provincias fronterizas sean trasladados hacia grandes centros urbanos y grupos empresariales ajenos a la zona, provocando mayor pobreza, abandono económico y aumento de la migración hacia las ciudades.
Asimismo, el exsenador fronterizo consideró preocupante que el Decreto No.166-26 haya sido emitido sin tomar en cuenta disposiciones fundamentales de la Constitución de la República, particularmente los artículos 10 y 11, relacionados con el desarrollo integral de la frontera y la seguridad nacional, así como lo establecido en la Ley No.216-11 sobre Mercados Fronterizos.
Sánchez Roa, autor de la iniciativa No.01649-13 en el Senado que dio el marco legal y motivó la construcción de la intergencial, Centro Comercio Carrizal, de Elías Piña, sentenció “Defender los mercados fronterizos es defender la estabilidad económica, la cohesión social y la soberanía nacional”, concluyó.
Indicó que la frontera dominico-haitiana representa mucho más que un simple espacio geográfico, ya que constituye una importante plataforma de intercambio económico y social donde residen más de 531 mil habitantes, equivalentes al 11.73 % de la población nacional.
Sánchez Roa afirmó que algunos sectores económicos no fronterizos se han sentido atraídos por el crecimiento de las exportaciones hacia Haití, que en 2025 alcanzaron los US$1,202.9 millones, sin valorar que dicho comercio constituye el principal motor económico de provincias históricamente afectadas por pobreza, baja inversión pública y limitadas oportunidades de empleo.
Advirtió que los “puertos secos” podrían desplazar progresivamente la actividad comercial tradicional de la frontera, trasladando operaciones estratégicas como almacenamiento, distribución, logística y servicios aduanales hacia grandes empresas fuera de las comunidades fronterizas.
“Es importante que el Gobierno evalúe con responsabilidad las consecuencias que tendría la pérdida masiva de empleos, la quiebra de pequeños y medianos comerciantes, el debilitamiento de las economías locales y el posible incremento del contrabando, la delincuencia y la migración irregular”, sostuvo.
“El problema no es modernizar el comercio ni fortalecer la seguridad fronteriza; eso siempre será necesario. El problema es aplicar un modelo que podría destruir el sustento económico de miles de familias y profundizar el abandono histórico de las provincias fronterizas”, enfatizó.
Sánchez Roa consideró imprescindible que cualquier reforma comercial o logística garantice la protección del empleo local, el fortalecimiento de los mercados comunitarios y la inclusión de pequeños comerciantes y emprendedores.