Por: Luia Ma. Ruiz Pou
La República Dominicana ha exhibido, desde principios de la década de 1980, un patrón recurrente y predecible en su esfera política: cada transición de gobierno es invariablemente seguida por el inicio de procesos penales contra los funcionarios salientes, particularmente bajo acusaciones de corrupción.
Este fenómeno, que en su superficie podría interpretarse como un ejercicio de justicia y rendición de cuentas, ha evolucionado hasta convertirse en una práctica institucionalizada. Los nuevos gobernantes, a menudo provenientes de la oposición, han encontrado en la “retaliación” y la “venganza” mecanismos efectivos para la legitimación política.
Es crucial, para un análisis riguroso, distinguir entre la retaliación y la venganza, y el concepto de justicia legítima. La retaliación se define como una respuesta o reacción a una agresión o daño, y puede ser considerada legal o justificada según el contexto. La venganza, en contraste, es una acción impulsada por el resentimiento personal. Ambas, sin embargo, conllevan una carga negativa y pueden rozar la ilegalidad o la irracionalidad cuando se instrumentalizan como herramientas de poder.
La justicia legítima, por otro lado, se fundamenta en la aplicación imparcial de la ley, la rendición de cuentas y el fortalecimiento del Estado de derecho. El desafío radica en discernir si estas acciones judiciales recurrentes persiguen genuinamente el combate contra la corrupción y la aplicación de la ley, o si, en cambio, sirven primordialmente como espectáculos punitivos para obtener ganancias políticas y debilitar a los adversarios. ¿Será pan y circo?
El patrón en nuestro país se ha caracterizado por la elaboración de expedientes penales contra funcionarios salientes de cada gobierno. Esto se alinea directamente con el concepto de judicialización de la política, fenómeno que describe el creciente papel político de los sistemas judiciales, especialmente en contextos donde las instituciones representativas tradicionales pueden ver disminuida su legitimidad. El sistema legal se percibe como un espacio de conflicto partidista, donde los procesos legales son instrumentalizados para fines políticos.
Esta dinámica socava fundamentalmente la imparcialidad del poder judicial y su capacidad para funcionar como árbitro independiente. Incluso cuando existe corrupción genuina, el historial de los expedientes judiciales contamina la percepción pública, impidiendo la consolidación de instituciones del Estado de derecho robustas y confiables.
Esta práctica, donde las autoridades buscan acusar a figuras de la oposición, sugiere un esfuerzo deliberado por enmarcar y desacreditar políticamente a los adversarios, independientemente de la evidencia concreta. Esto establece un precedente histórico para la instrumentalización del sistema de justicia con fines políticos, sentando las bases para los ciclos posteriores de “retaliación”.
El resultado es una paradoja corrosiva: un país que judicializa la política termina politizando la justicia. Cuando la toga se usa como insignia partidaria y el expediente como arma, el Estado de derecho deja de ser un contrapeso y se vuelve un escenario. La justicia, reducida a instrumento, pierde autoridad y credibilidad.
Esa maleabilidad del sistema —esa capacidad de torcerse según el viento político del momento— incentiva a los gobiernos entrantes a iniciar procesamientos con motivaciones partidistas, sabiendo que los resultados judiciales pueden ser influenciados, revertidos o simplemente olvidados cuando cambie la marea. Así se erosiona el efecto disuasorio de la ley y se refuerza la idea de que las consecuencias jurídicas no son firmes, sino negociables.
Mientras ese ciclo no se rompa, cada transición seguirá pareciéndose menos a un relevo democrático y más a un ritual de ajuste de cuentas. Y en ese vaivén, lo que se erosiona no es solo la confianza pública, sino la idea misma de que la ley puede ser un punto fijo en un país acostumbrado a que todo cambie según quién gobierne.