Por: Sol Del Este
La ley dominicana penaliza con cárcel y multas a los usuarios que cometen fraude eléctrico. Sin embargo, cuando las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) alteran la facturación en perjuicio del cliente, el caso se reduce a una simple reclamación administrativa. Esta abismal diferencia genera una profunda queja social sobre la falta de igualdad ante la justicia penal en el país.
El peso de la ley sobre el ciudadano
La Ley General de Electricidad 125-01 clasifica el hurto de energía como un delito penal. A través de la Procuraduría del Sistema Eléctrico (PGASE), el Estado persigue con firmeza a los consumidores:
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- Arrestos inmediatos para quienes alteran contadores.
- Juicios penales en tribunales especializados.
- Multas severas de carácter económico.
- Prisión preventiva en casos de reincidencia.
El caso Toxic Crow: La rapidez penal contra el usuario
El ejemplo más reciente de esta agresividad judicial es el del artista urbano y empresario Caonabo Enrique Mesa Ureña (Toxic Crow). El Ministerio Público, a través de la PGASE, solicitó formalmente la apertura a juicio penal en su contra tras acusarlo de un presunto fraude eléctrico de RD$1.6 millones de pesos en un establecimiento comercial vinculado a sus empresas.
El cantante ha calificado el proceso como una persecución abusiva. Argumenta que enfrenta un total estado de indefensión legal. Indicó que inicialmente pagaba facturas de RD$30,000, las cuales se dispararon de golpe a RD$92,000 mensuales, sumado a un histórico de cobros desproporcionados de hasta RD$216,000 en sus propiedades a pesar de sufrir apagones de 15 horas. Aunque el artista acudió a la vía administrativa en busca de amparo, el peso del aparato penal del Estado cayó sobre él de forma expedita.
La impunidad ante el error institucional: 42,000 familias afectadas
La otra cara de la moneda demuestra que el rigor penal no se aplica de la misma forma hacia adentro del sistema eléctrico. Recientemente se denunció un esquema masivo en la zona este del país, donde se detectó la manipulación de 42,000 contadores. Este fallo institucional provocó una sobrefacturación ilegal de RD$210 millones de pesos mensuales en perjuicio de miles de familias de clase trabajadora.
A diferencia del caso de cualquier ciudadano o figura pública que es enviado directamente al banquillo de los acusados, los errores de facturación masiva de las EDES se manejan bajo un manto de burocracia administrativa. No existen órdenes de arresto ni fiscales persiguiendo activamente en las viviendas de los ejecutivos responsables de cobrar dinero por energía no servida.
El colapso burocrático como prueba del fallo
Mientras el Ministerio Público actúa con rapidez contra el fraude civil, el abuso institucional solo genera papeleo. Los datos de la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) demuestran el nivel de insatisfacción:
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- Aumento masivo de quejas: Protecom reportó un incremento del 84% en las respuestas a reclamaciones tramitadas en su histórico reciente, impulsado por la desconfianza del usuario ante las soluciones iniciales de las EDES.
- 33,139 casos estancados: La entidad admitió mantener este inventario de reclamaciones activas pendientes de respuesta.
- La billetera es el blanco: La gran mayoría de estos expedientes en el Sistema de Gestión de Reclamaciones corresponden al renglón de «Facturación Alta».
- Empresas con más quejas: Las distribuidoras estatales —EDE Este y Edesur— concentran de forma histórica el grueso de los expedientes de queja.
El calvario del usuario: pagar para poder reclamar
El proceso para exigir la corrección de una factura errónea se convierte en un castigo financiero para el usuario común. El sistema obliga al afectado a cumplir reglas desiguales:
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- Obligación de pago: Para abrir una disputa legal, el ciudadano debe pagar una parte de la factura alterada si no quiere perder el servicio eléctrico.
- Largas esperas obligatorias: El propio Protecom reconoce que el usuario debe esperar más de 30 días calendario para recibir una solución elemental, aunque los casos complejos se extienden por meses.
- Sin cargos criminales: Si el fallo favorece al cliente, la EDE solo devuelve el dinero mediante un crédito en la próxima factura. Ningún directivo de las distribuidoras es investigado penalmente por estafa masiva.
¿Justicia para quién?
El debate queda abierto sobre la mesa. ¿Por qué el Estado tiene herramientas penales tan duras para proteger los ingresos de las EDES, pero deja desarmados a los consumidores ante los fallos de esas mismas empresas?
La total ausencia de consecuencias penales para las distribuidoras frente a sus «errores» recurrentes sigue siendo el lado más oscuro de la crisis eléctrica nacional.