Por Luis Ma. Ruiz Pou
“Podemos aumentar el deficit con el costo de la guerra; no para el costo social”
En la política estadounidense existe una frase que se repite con insistencia cada vez que se discuten programas sociales: no hay dinero. No hay dinero para ampliar la cobertura médica, no hay dinero para fortalecer la asistencia a los pobres, no hay dinero para sostener subsidios sociales sin aumentar el déficit público. Ese es el argumento que suele utilizarse cuando se debate el financiamiento de la salud, la educación o el apoyo a las familias más vulnerables.Sin embargo, esa supuesta escasez desaparece con sorprendente rapidez cuando el tema es la guerra.
Durante los últimos años, varios programas sociales han sido recortados, suspendidos o sometidos a reformas con el objetivo declarado de reducir el gasto público. Entre los más afectados figuran Medicare, Medicaid, los subsidios de la reforma sanitaria conocida como Obamacare, programas de asistencia para familias de bajos ingresos, subsidios de cuidado infantil, así como iniciativas de ayuda internacional como USAID y los programas de acogida de refugiados.
Muchos no fueron eliminados totalmente, pero sí restringidos bajo el argumento de la austeridad fiscal.Paradójicamente, el mismo gobierno que habla de disciplina presupuestaria cuando se trata del bienestar de sus ciudadanos demuestra una capacidad casi ilimitada de gasto cuando entran en escena los conflictos armados o el apoyo militar a aliados estratégicos.
Los números hablan por sí solos. Diversos análisis estiman que operaciones militares intensivas pueden costar alrededor de 890 millones de dólares diarios, dependiendo de la intensidad del despliegue. En campañas recientes, se han registrado gastos de 5,600 millones de dólares en municiones en apenas dos días, y cerca de 3,700 millones durante las primeras 100 horas de operaciones.
En algunos casos, los primeros cuatro días de intervención militar han alcanzado un costo aproximado de 11,000 millones de dólares, incluyendo despliegue de fuerzas y el uso de sistemas avanzados de misiles. Si un conflicto de esta naturaleza se prolongara entre cuatro y ocho semanas, los cálculos sitúan el gasto total entre 56,000 y 210,000 millones de dólares, sin contar los efectos indirectos sobre la economía global, los mercados energéticos o el comercio internacional.
La conclusión resulta incómoda, pero evidente: el problema no es la falta de dinero. El problema son las prioridades.Estados Unidos posee la mayor economía del mundo y el mayor presupuesto militar del planeta. Sin embargo, millones de ciudadanos siguen enfrentando dificultades para pagar medicamentos, acceder a tratamientos médicos o sostener los costos básicos de la vida diaria.
Cuando el Congreso debate programas sociales, cada dólar se examina con lupa. Cuando se trata de armamento o intervenciones militares, los miles de millones aparecen con una velocidad que ningún hospital público podría siquiera imaginar. Esta contradicción revela una verdad que rara vez se dice en voz alta: en la política de las grandes potencias, el gasto social suele ser negociable; el gasto militar, casi sagrado.
La historia demuestra que los imperios no caen únicamente por enemigos externos. Con frecuencia se debilitan cuando la distancia entre las prioridades del poder y las necesidades de su propia población se vuelve demasiado grande.
Y entonces surge la pregunta que ningún discurso oficial logra responder con claridad: ¿cómo puede una nación afirmar que no tiene dinero para curar a sus ciudadanos, pero sí para financiar guerras a miles de kilómetros de sus hospitales? Porque cuando el presupuesto privilegia los misiles sobre la salud, la discusión deja de ser económica. Se convierte, inevitablemente, en un problema moral.