El presidente de la Unión Demócrata Cristiana –UDC-, Luis Acosta Moreta, rechazó hoy versiones de Amnistía Internacional de que en el país se producen expulsiones colectivas de Haití violándole sus derechos humanos.
Al mismo tiempo consideró que no se ajusta a la verdad la denuncia de Amnistía de que hay en el país perfiles raciales contra personas haitianas que residen aquí.
Agregó que sin dudas está en marcha un programa de denuncias de organismos periféricos de las Naciones Unidas que buscan lesionar al país, su política de relaciones internacionales y mintiendo del trato real que se da a los haitianos.
Apuntó que caen dentro de las atribuciones del gobierno dominicano, deportar a todos los indocumentados que hay en su territorio, como es el caso de miles de haitianos que sin papeles viven aquí.
Aseguró que los haitianos que carecen de documentos son detenidos y enviados a Haití, siempre respetando su integridad física y sus derechos humanos, pero cumpliendo estrictamente con lo que manda la Constitución nacional.
Añadió que es atribución del gobierno dominicano disponer la repatriación de los indocumentados, que nadie sabe cómo se llaman, a que se dedican, y el peligro que puedan representar para la tranquilidad de los dominicanos.
Pidió que se mantenga la deportación de los indocumentados, porque es un derecho soberano de los dominicanos, y dijo que desde hace años Amnistía Internacional quiere que se deje en el país a los que carecen de documentación legal.
Al mismo tiempo, Luis “El Gallo” rechazó en forma tajante que en el país se ofrezca un trato matizado por el racismo contra los haitianos. Dijo que nunca los dominicanos han sido racistas, ni toman medidas por el color de la piel o el idioma que se habla.
Los extranjeros con permisos legales pueden estar en el país, siempre que cumplan con las leyes migratorias, y no sean una carga para la economía nacional.
Le recordó a Amnistía Internacional que de acuerdo con la Constitución dominicana son extranjeros, en este caso haitianos, los hijos nacidos en República Dominicana de padres ilegales.
La Constitución nacional es bien clara y a las autoridades les queda aplicar ese principio de ley, siguiendo las deportaciones, siempre de acuerdo con el respeto a los derechos humanos, como se hace en la actualidad.