Los agentes de tránsito en Santo Domingo imponen sanciones irregulares mientras permanecen impunes ante la justicia
Por Redacción Sol Del Este RD.
Santo Domingo, República Dominicana — Cristal Martínez nunca había conducido un vehículo en su vida. No tenía licencia, no poseía automóvil. Sin embargo, cuando intentó obtener su carnet de aprendizaje en agosto de 2025, descubrió algo insólito: según los registros de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), ella debía dos multas de tránsito por infracciones que supuestamente cometió el 28 de julio cerca del Aeropuerto Internacional de Las Américas.
«¿Cómo es que yo tengo multas si no tengo vehículo, no manejo y nunca he tenido licencia?», se pregunta Cristal, cuyo nombre real se mantiene en reserva. La respuesta nunca llegó. Los representantes de la DIGESETT no supieron explicarle lo que estaba pasando.
Cristal no está sola. Su caso es uno entre miles de conductores dominicanos que enfrentan un fenómeno que se ha convertido en sistemático: las llamadas «multas fantasmas», sanciones que aparecen en el sistema sin que los conductores hayan sido detenidos, advertidos o siquiera notificados de ninguna infracción.
Un Patrón que se Repite
En el primer semestre de 2025, la DIGESETT registró 1,158,100 infracciones a nivel nacional. Pero las denuncias de ciudadanos que no reconocen estas multas datan de más de una década y continúan multiplicándose en redes sociales, donde los afectados comparten sus experiencias de impotencia frente a un sistema que parece diseñado para recaudar sin fiscalizar.
Tamara Encarnación descubrió su situación de la misma forma: cuando solicitó una certificación de buena conducta, le informaron que tenía una deuda de RD$3,334 por haber violado supuestamente la luz roja del semáforo en dos ocasiones en 2012. Como Cristal, Tamara se enteró de las multas años después de que supuestamente fueron impuestas, sin ninguna notificación previa.
El periodista José Rafael Sosa vivió algo aún más absurdo: aparecía multado por no usar casco protector al conducir una motocicleta. El problema es que Sosa nunca ha tenido una motocicleta ni sabe cómo conducir una.
El humorista Phillip Rodríguez denunció recientemente en redes sociales que mientras esperaba en una sucursal del Banco de Reservas, «la gran mayoría» de las personas en la fila comentaba que había recibido multas sin haber sido detenida o advertida previamente. «Solo basta con su palabra para que un agente coloque una infracción», advirtió Rodríguez.
El Sistema de Cuotas: La Raíz del Problema
Detrás de estas multas fantasmas existe un incentivo perverso: las cuotas de fiscalización. Múltiples investigaciones han revelado que agentes de la DIGESETT recibían órdenes de imponer entre 10 y 15 multas diarias para cumplir con metas institucionales, sin importar si los conductores habían cometido infracciones reales.
En 2019, ocho agentes de diversos rangos fueron investigados por colocar multas arbitrarias en el Distrito Nacional, Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Vega, Santiago, San Cristóbal y San Francisco de Macorís. Entre los investigados figuraban el coronel Fausto Tomás Aquino, director regional este de la DIGESETT con sede en La Romana, y el teniente coronel Ariel Berroa Robles, encargado en San Pedro de Macorís.
La primera investigación por multas falsas había ocurrido en marzo de 2017, cuando se entrevistaron a 22 efectivos de la institución. El resultado: nueve sancionados y dos destituidos. Años después, el patrón se repitió.
Aunque en 2022 el entonces director de la DIGESETT, Ramón Antonio Guzmán Peralta, aseguró que había eliminado «la vieja práctica de asignar cuotas de fiscalización», las denuncias no cesaron. Por el contrario, se intensificaron.
Juan Marte, presidente de la Central Nacional de Trabajadores del Transporte (CNTT), reveló que su organización había depositado unas 9,300 multas de personas que eran menores de edad cuando fueron registradas. En otros casos, aparecían multas de personas que ni siquiera vivían en el país cuando supuestamente cometieron las infracciones.
Impunidad Institucional
Lo más preocupante del fenómeno de las multas fantasmas no es solo su existencia, sino la impunidad con la que operan los agentes responsables. Pese a las múltiples investigaciones, las sanciones han sido mínimas y los sistemas de control siguen fallando.
El vocero de la DIGESETT, coronel Rafael Tejada Baldera, prometió en agosto de 2025 abrir una investigación junto al Ministerio Público tras nuevas denuncias. Sin embargo, declaró que «en el 2015 se determinaron esas irregularidades y fruto de esa investigación salieron oficiales y agentes cancelados, sancionados, dándose por terminada esa mala práctica. Lo que ocurría en ese entonces, hoy es de suponer que no debe de estar ocurriendo».
La realidad contradice esta afirmación. Las denuncias en redes sociales y medios de comunicación son constantes, y los ciudadanos siguen descubriendo multas que no reconocen cuando intentan renovar documentos o realizar trámites vehiculares.
La magistrada Juliana García, fiscalizadora del departamento de Tránsito del Palacio de Justicia de Santiago, ha sido enfática sobre el abuso de poder: «Los agentes de AMET abusan de los conductores en muchos de los casos». García relató que ella misma vivió una situación incómoda con un agente que intentó retener su vehículo por pasar una luz amarilla, algo que la ley de tránsito 241 no contempla como causa de retención vehicular.
El Negocio Detrás de las Multas
El sistema de multas en República Dominicana tiene un componente económico que explica parte del problema. Según el artículo 298 de la Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 75% de los ingresos por multas va a la Procuraduría General de la República y el 25% al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte (INTRANT). La DIGESETT no recibe beneficios directos de la recaudación.
Sin embargo, las cuotas de fiscalización impuestas a los agentes creaban incentivos para multar indiscriminadamente, posiblemente vinculados a evaluaciones de desempeño o presiones institucionales que nunca han sido completamente esclarecidas.
En 2024, la DIGESETT emitió más de 1.5 millones de multas de tránsito, siendo julio el mes con mayor cantidad: 187,703 infracciones. La infracción más común registrada fue «no usar casco protector», con 461,425 multas entre enero y octubre. Cifras que resultan sospechosas cuando se contrastan con los casos documentados de personas que aparecen multadas por esta infracción sin jamás haber conducido una motocicleta.
Un Sistema sin Rendición de Cuentas
Lo que más frustra a los ciudadanos no es solo la existencia de multas injustas, sino la dificultad para impugnarlas. El proceso de defensa requiere que los afectados acudan a las fiscalías de tránsito, un procedimiento que muchos describen como kafkiano.
Para conductores del interior del país, como un ciudadano de Punta Cana que fue multado en la Autopista del Este por conducir a 98 kilómetros por hora en un tramo autorizado para 100 km/h, reclamar la injusticia implica hacer tres viajes a Santo Domingo, perder tres días de trabajo y gastar RD$9,000 en combustible para impugnar multas que suman apenas RD$3,000.
La Procuraduría General de la República, responsable del cobro de multas, anunció que había triplicado el personal para atender casos de conductores que no reconocen sus infracciones. Sin embargo, el problema persiste porque el sistema sigue cargando la prueba sobre el ciudadano, quien debe demostrar su inocencia en lugar de que la institución demuestre la validez de la infracción.
Más Allá de las Multas: Abusos de Autoridad
Las multas fantasmas son solo una parte de un problema mayor de abuso de poder por parte de agentes de tránsito. Las denuncias incluyen detenciones arbitrarias, prepotencia, retención ilegal de vehículos y falta de notificación sobre el lugar donde llevan los automóviles retenidos.
En julio de 2025, un medio digital denunció que la DIGESETT «ha perfeccionado el arte de cobrar sin causa, un sistema que imprime sanciones como si fueran cupones, aunque nadie haya cometido infracción alguna». El editorial señalaba algo particularmente revelador: muchos agentes que sancionan violan las mismas normas que exigen cumplir, conduciendo motocicletas sin casco o estacionando en zonas prohibidas, sin que nadie los multe «porque el uniforme también sirve de escudo».
En abril de 2022, agentes de la DIGESETT incluso agredieron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a un grupo de periodistas cuando intentaban realizar una inspección en un depósito de vehículos conocido como el «canódromo». Los agentes rompieron la cámara de un fotógrafo del periódico Listín Diario y retuvieron otras cámaras. Ulloa denunció una «violación flagrante» y anunció querella ante la Fiscalía del Distrito Nacional.
El Panorama Institucional
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, ha reconocido públicamente la desarticulación de la DIGESETT. En marzo de 2025, advirtió que la institución no tiene capacidad para aplicar la ley de tránsito debido a la cantidad insuficiente de agentes.
Con 6.2 millones de vehículos registrados en el país, la DIGESETT cuenta con apenas 1,752 agentes por turno para fiscalizar todo el territorio nacional. En Santiago circulan 504,317 vehículos con solo 94 agentes. En el Distrito Nacional, hay 1,823,922 vehículos y apenas 377 agentes.
Esta insuficiencia de personal no justifica las multas fantasmas, pero explica parte de la presión institucional que podría estar generando el sistema de cuotas y los abusos asociados.
Sin Justicia ni Reparación
Para los miles de conductores afectados por multas fantasmas, la injusticia no tiene reparación efectiva. Los afectados deben pagar las multas para obtener certificaciones de buena conducta, renovar licencias o adquirir el marbete vehicular, incluso cuando saben que no cometieron las infracciones.
El sistema los obliga a elegir entre pagar por algo que no hicieron o invertir tiempo y recursos desproporcionados para probar su inocencia en un proceso que muchas veces no llega a ninguna parte.
Mientras tanto, los agentes responsables raramente enfrentan consecuencias reales. Las investigaciones resultan en sanciones mínimas, traslados administrativos o simples advertencias. Los altos oficiales que supuestamente supervisaban o imponían las cuotas de fiscalización continúan en sus puestos o son discretamente reubicados sin rendir cuentas públicamente.
Un Problema sin Solución a la Vista
Más de una década después de que comenzaran las primeras denuncias documentadas de multas fantasmas, el problema no solo persiste sino que parece haberse intensificado. Las promesas de reforma, las investigaciones que nunca llegan al fondo del asunto y los anuncios de eliminación de cuotas no han producido cambios sustanciales.
Los ciudadanos siguen descubriendo multas que no reconocen. Los agentes siguen operando con impunidad. Y el sistema sigue recaudando millones de pesos por infracciones que muchas veces nunca ocurrieron.
En redes sociales, la frustración es palpable. «Ya no se trata de tránsito, ni de orden, ni de seguridad vial», escribió un editorial en junio de 2025. «Se trata de recaudar, inventar, duplicar y de disfrazar la ineficiencia con papeles impresos y justificarla con un uniforme. Cuando una multa nace sin infracción, se convierte en robo. Y cuando ese robo es sistemático, sostenido y sin consecuencias, ya no estamos ante una institución pública, estamos ante un esquema».
Nota del editor: La DIGESETT fue contactada para este reportaje pero no respondió a las solicitudes de entrevista más allá de declaraciones públicas ya citadas. La Procuraduría General de la República tampoco proporcionó datos específicos sobre el número de multas impugnadas exitosamente ni estadísticas sobre agentes sancionados por imponer multas irregulares.