Por: Lic. Luis Ma. Ruiz Pou
La imagen personal constituye una poderosa herramienta de comunicación no verbal: proyecta quiénes somos, refleja nuestros valores y condiciona la forma en que somos percibidos por la sociedad. En el ámbito político, esta dimensión adquiere mayor relevancia, pues la conducta de las instituciones públicas impacta directamente en la imagen de quienes las dirigen.}
En ese contexto, el presidente Luis Abinader ha impulsado una reforma profunda de la Policía Nacional de la República Dominicana, concebida como un proceso integral orientado a modernizar su estructura, profesionalizar sus miembros y fortalecer su credibilidad ante la ciudadanía. La sociedad está altamente preocupada por lass acciones de algunos agentes.
No obstante, los hechos que con frecuencia reflejan los medios de comunicación parecen contradecir esos esfuerzos. Persisten denuncias sobre actuaciones que incluyen uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, abusos de autoridad e incluso presuntos vínculos de agentes con actividades delictivas. Estas situaciones, lejos de ser episodios aislados, proyectan una imagen institucional que choca con el lema de “Ley y Orden”.
Frente a esta realidad, el gobierno ha promovido iniciativas como la elaboración de un nuevo marco legal, la redefinición de la carrera policial, la implementación de protocolos modernos de patrullaje y un mayor énfasis en la formación en derechos humanos. Asimismo, se procura erradicar prácticas heredadas de etapas autoritarias del pasado, asociadas a modelos de control más que de servicio ciudadano.
La reforma policial persigue objetivos claros: mejorar la seguridad ciudadana, reducir los niveles de criminalidad, limitar los abusos en el ejercicio de la autoridad y adecuar la institución a estándares internacionales. Todo ello con el propósito de recuperar la confianza pública, elemento esencial para la legitimidad de cualquier cuerpo de seguridad.
Sin embargo, mientras persistan actuaciones contrarias a la ley, esos esfuerzos corren el riesgo de diluirse. Cada abuso, cada exceso y cada desviación no solo comprometen la responsabilidad individual de los agentes involucrados, sino que también erosionan la credibilidad institucional y, por extensión, afectan la imagen del propio gobierno.
Una reforma no se mide únicamente por sus intenciones ni por sus disposiciones normativas, sino por sus resultados concretos. La verdadera transformación de la Policía Nacional dependerá de la capacidad del Estado para garantizar disciplina interna, sanción efectiva y un cambio real en la cultura institucional.
De lo contrario, la brecha entre el discurso reformador y la realidad operativa continuará ampliándose, con un costo político evidente: el deterioro de la imagen de quien ha asumido la responsabilidad de liderar ese proceso.
Un caso que ilustra con claridad estas contradicciones es el del denominado “coronel Madé”, cuyas actuaciones han sido objeto de cuestionamientos públicos por presuntos excesos en el ejercicio de la autoridad. Sin prejuzgar responsabilidades individuales —que corresponden a los órganos competentes determinar—, episodios como este evidencian que los problemas estructurales que la reforma pretende erradicar aún persisten en la práctica. Cuando hechos de esta naturaleza continúan produciéndose, se proyecta la percepción de que los avances institucionales no han logrado permear la conducta operativa de todos los miembros de la Policía Nacional de la República Dominicana, lo que debilita la confianza ciudadana y cuestiona la efectividad real del proceso reformador impulsado por el presidente Luis Abinader.