SAN JOSÉ DE OCOA. – Seis meses de cárcel y una multa de 500 pesos por robar 32 aguacates. Esa fue la implacable sentencia dictada por el Tribunal Colegiado de Primera Instancia de este distrito judicial contra el joven Juan Alcántara Martínez, alias “Último”, en un veredicto que vuelve a encender el debate sobre la severidad del sistema judicial dominicano, el cual suele ensañarse con la delincuencia de subsistencia mientras los grandes casos de corrupción duermen en la impunidad.
El peso de la ley sobre la pobreza
Mientras el país observa impotente cómo expedientes de millonarios desfalcos estatales se dilatan por años entre tecnicismos y fianzas, la maquinaria de justicia actuó con sorprendente rapidez y contundencia contra «Último». El tribunal, integrado por los jueces Alfis Brandeli Castillo Castillo, Víctor G. Cuevas Cruz y David A. Santos Merán, consideró que la sustracción de unas cuantas frutas era motivo suficiente para enviar al joven a cumplir una pena efectiva en la Cárcel Pública de Baní.
Los detalles del caso
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- El afectado: El empresario agrícola Midiam Calderón, dueño de una finca en el sector ´Vengan a ver´ desde 1981, quien presionó públicamente por la condena alegando pérdidas recurrentes que lo han llevado a poner su propiedad en venta.
- La prueba clave: Un machete ocupado al imputado, presentado en el tribunal por el segundo teniente de la policía, Julio Sánchez.
- La defensa técnica: La Defensa Pública solicitó la absolución total de Alcántara Martínez, argumentando que nunca se logró romper su presunción de inocencia, un recurso que resultó insuficiente ante la presión del propietario.
La condena de Juan Alcántara Martínez se suma a la larga lista de fallos judiciales en la República Dominicana que refuerzan la percepción popular de que las cárceles están reservadas únicamente para quienes no tienen los recursos ni las influencias para comprar su libertad.
