SANTO DOMINGO – El miedo a la delincuencia en la República Dominicana está siendo desplazado por un temor más alarmante: el miedo a las propias fuerzas del orden. Pese a los reportes estadísticos del Gobierno que apuntan a una baja en la tasa nacional de homicidios, la percepción ciudadana se encuentra en un punto crítico. Una alarmante sucesión de incidentes de brutalidad, muertes a manos de uniformados y amenazas a civiles ha desatado una ola de protestas, indignación colectiva y desconfianza en el proceso de reforma policial.
Casos recientes que estremecen al país
La indignación social se ha visto alimentada por casos específicos captados en video y ampliamente difundidos en redes sociales, los cuales sirven como evidencia del uso desproporcionado de la fuerza:
- El homicidio de Darlin Mercado en Herrera (Julio 2026): El caso más reciente y devastador ocurrió en el sector La Cañada de Guajimía, en Herrera (Santo Domingo Oeste). El joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes falleció tras recibir un disparo a quemarropa por parte del cabo José Francisco Moreta Heredia durante un operativo. El hecho provocó disturbios comunitarios. El propio presidente Luis Abinader calificó públicamente al agente de «animal» y la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, tildó el suceso de «abuso policial imperdonable». El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva bajo cargos de homicidio voluntario.
- Agresión física y amenazas en Los Mina (Junio/Julio 2026): Una joven de 19 años denunció haber sido agredida físicamente y amenazada por el coronel Fausto Madé Ramírez en Santo Domingo Este. El incidente ocurrió cuando la víctima intentó grabar con su teléfono el proceder del oficial. El caso, que forzó la suspensión del coronel para investigación, evidenció además las trabas institucionales que sufren los ciudadanos para formalizar denuncias por atropellos de autoridad.
- Brutal golpiza en el destacamento de Santiago Rodríguez (Julio 2026): Un video captó el momento en que agentes policiales golpearon severamente a un joven dentro del cuartel tras haberlo detenido por una inspección de documentos de su pasola (motocicleta). La Inspectoría Regional de la Policía Nacional tuvo que intervenir ante el rechazo público de los residentes de la línea noroeste.
Una población intimidada
Para los ciudadanos de los barrios vulnerables del Gran Santo Domingo y el interior del país, el patrullaje ya no representa una garantía de paz. Organizaciones comunitarias y defensores de los derechos humanos denuncian que en los destacamentos se sigue aplicando un «guión de impunidad» y violencia sistemática.
Estudios de percepción e informes de prensa locales reflejan que más de la mitad de la población siente un profundo temor en sus comunidades. La indignación radica en que el ciudadano común se siente desprotegido ante criminales comunes, pero doblemente vulnerable e intimidado ante agentes que utilizan su uniforme para extorsionar, agredir o silenciar a quienes los fiscalizan.
El desafío de la reforma y nuevas leyes
Estos acontecimientos coinciden con las vísperas de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana (Ley 74-25) el próximo 6 de agosto de 2026. Dicha legislación contempla en su artículo 275 sanciones específicas de 15 días a un año de prisión para los policías o militares que impidan a los ciudadanos grabar en video sus actuaciones en la vía pública.
Aunque el Poder Ejecutivo insiste en que no tolerará la impunidad dentro de las filas, la realidad en las calles supera los discursos oficiales. Mientras los casos de abuso sigan cobrándose vidas y sembrando el terror en los vecindarios, la prometida transformación policial seguirá siendo percibida por los dominicanos como una tarea pendiente y urgente.