SANTO DOMINGO.- El equipo legal de Jefte Rafael Ventura Jiménez denunció este miércoles, supuesto abuso de autoridad y solicitud ilegal de medida de coerción contra el acusado de difamación, por parte de la Procuraduría Fiscal de la Provincia de La Altagracia, bajo la dirección del fiscal actuante Víctor Román Camacho Padua.
El abogado Yan Carlos Martínez Segura dijo que dicha solicitud de medida contra Ventura es ilegal y abusiva. Esto ocurre en el marco de una querella penal presentada por la empresa Petromovil SA, por supuesta difamación e injuria.
«Esta acción se realiza de manera sesgada, apartándose por completo de los principios de razonabilidad y proporcionalidad consagrados en el Código Procesal Penal (CPP, Ley No. 97-25 de 2025) y la Constitución de la República Dominicana», señaló Martínez.
Afirmó que la solicitud de prisión preventiva contra Jefte por un supuesto caso de difamación e injuria no sólo ignora normativas claras, sino que podría representar un intento evidente de silenciar a un ciudadano que ha dedicado su vida a exponer graves irregularidades en el sector de combustibles, protegiendo así los derechos de millones de consumidores dominicanos.
A través de un comunicado de prensa, explicó que el caso surge en su plataforma “Hablando de Vehículos”, que ha documentado exhaustivamente incumplimientos en los estándares de octanaje y calidad de la gasolina vendida por empresas del sector combustible.
«Estas revelaciones no son meras opiniones: se basan en un estudio técnico oficial obtenido mediante una sentencia firme del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que obligó al Ministerio de Industria y Comercio (MIC) a entregar informes detallados sobre adulteraciones y fraudes en el mercado de combustibles».
Aseguró que estas denuncias han destacado problemas críticos, como daños irreparables a motores de vehículos, pérdidas económicas para conductores, impactos ambientales negativos y posibles riesgos para la salud pública derivados de combustibles defectuosos o contaminados.
«Jefte ha impulsado campañas de conciencia, promoviendo boicots a estaciones incumplidoras y exigiendo transparencia en un sector plagado de quejas ciudadanas».
Sin embargo, Martínez expresó que la labor de Ventura ha sido respondida con hostigamiento sistemático: amenazas constantes, un rapto reportado en junio de 2024, la quema intencional de su vehículo y, ahora, esta persecución judicial infundada.
«Esto no es justicia; Nos preguntamos ¿es represión desde el estado para proteger intereses privados poderosos en la mafia de los combustibles?», cuestionó el abogado.
Denuncia de abuso de poder
Martínez informó que la solicitud de prisión preventiva, presentada recientemente por el fiscal Camacho Padua, se fundamenta en alegadas violaciones al Código Penal Dominicano, la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento (1948) y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (artículos 21 y 22, que tipifican la difamación e injuria a través de medios electrónicos, informáticos o telemáticos).
Sin embargo, esta medida contraviene directamente el artículo 226 del CPP, que prohíbe taxativamente la imposición de prisión preventiva en infracciones de acción penal privada, como lo son tradicionalmente la difamación e injuria.
“Aunque la Ley 53-07 clasifica estas conductas en el ámbito digital como acción pública a instancia privada (artículo 64), permitiendo la intervención del Ministerio Público tras una querella inicial de la parte afectada (en este caso, Petromóvil S.A.), esto no autoriza un abuso discrecional”.
Manifestó que la prisión preventiva solo procede bajo los estrictos supuestos del artículo 238 del CPP.
“Debe haber evidencia suficiente de un delito grave, riesgo inminente de fuga del imputado o peligro real para la víctima, los testigos o la sociedad, lo que evidentemente no ocurre en este caso”, aseguró.
Asimismo, señaló que en el caso de Jefte ninguno de estos requisitos se cumple de manera objetiva.
“Ha colaborado con las autoridades en todo momento y no tiene antecedentes penales; no hay peligro social, pues sus publicaciones buscan el bien público, amparadas en documentos judiciales y en el derecho constitucional a la libertad de expresión (artículo 49 de la Constitución)”.
Afirmó que la actuación sesgada del fiscal Camacho Padua sugiere motivaciones extralegales, posiblemente influenciadas por presiones externas, apartándose de la objetividad que exige su rol, lo que amerita una investigación interna del Ministerio Público para establecer si existe alguna irregularidad.
Disparidad en el trato
El abogado Martínez hizo una comparación con casos de altos funcionarios y señaló que ni siquiera en los casos de difamación e injuria presentados recientemente por altos funcionarios del gobierno se ha solicitado o impuesto prisión preventiva en función del mérito de la acusación.
“Por ejemplo, en el caso de la ministra de Interior y Policía, en el fondo estos procesos han avanzado con medidas coercitivas menores. De igual modo, otras querellas por supuestos ciberdelitos contra funcionarios en 2025-2026 no han recurrido a coerción extrema, lo que evidencia una aplicación selectiva de la ley contra ciudadanos comunes como Jefte, quien denuncia corrupción sin respaldo político”.
Indicó que esta desigualdad viola el principio de igualdad ante la ley (artículo 39 de la Constitución) y evidencia un abuso de poder para censurar voces disidentes.
Llamado urgente a la acción
“Exigimos la inmediata revocatoria de esta solicitud ilegal, una investigación independiente por parte de la Procuraduría General de la República sobre el abuso de autoridad del fiscal Víctor Román Camacho Padua y sanciones ejemplares para restaurar la confianza en el sistema judicial”.
Instó al Poder Judicial a rechazar esta medida en la audiencia correspondiente, protegiendo la libertad de expresión y el derecho a denunciar irregularidades públicas.
“A la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, medios de comunicación y al pueblo dominicano: ¡solidaricémonos con Jefte! Su lucha es la de todos contra la impunidad en el sector energético”, concluyó.